Son muchas las consultas que la OMIC de Aspe recibe con motivo de los contratos que algunos comerciales realizan a la puerta de sus casas.

Nos cuentan los ciudadanos, que los comerciales acceden a su vivienda con la promesa de ofrecerles contratos de gas o electricidad con importantes descuentos que harán rebajar sus facturas.

No es de extrañar que se acceda a atenderles, puesto que se trata de suministros esenciales, que forman parte importante del gasto de nuestro presupuesto.

Estos comerciales suelen pedir sus facturas, con la excusa de querer conocer cuáles son sus consumos habituales para así poder orientarles mejor, pero al mismo tiempo sin pedir permiso las fotografían o toman nota de sus datos y en muchas ocasiones el paso siguiente es hacer uso de dicho datos para dar de alta un nuevo contrato, incluso sin su firma, ni consentimiento.

El vecino no es consciente que le han cambiado de compañía de la luz o el gas, hasta que no pasan los días y recibe una factura o un cargo en su cuenta bancaria de una empresa con la que no recuerda haber realizado contrato alguno.

Y es en este momento, cuando vienen a la Oficina de Consumo en busca de ayuda.

En la oficina de consumo le informaremos sobre qué hacer, pero desde luego hay que molestarse en realizar un escrito de petición de cancelación de contrato, y remitirlo antes de 14 días a la nueva empresa. Mientras se reacciona nos puede haber llegado a prestar algún servicio y esto complicaría la resolución de la reclamación.

Por lo tanto es mucho más fácil, no hacer contratos a la puerta de casa, no facilitar facturas, ni datos, ni por supuesto cartillas bancarias. Piense que si hay una tarifa, un contrato que realmente valga la pena, no se lo van a llevar a la puerta de su casa.

Las buenos contratos, las buenas decisiones, surgen de haber dedicado tiempo a hacer consultas, informarse y dedicar tiempo a comparar ofertas, mientras que la firma o el consentimiento que se da a los comerciales que visitan los domicilios con precipitación suelen esconder cláusulas perjudiciales para los intereses del consumidor. Los argumentos utilizados corresponden a frases como: mañana no estaré en esta población; la semana que viene los precios subirán; este tipo de contrato es sólo para unos pocos clientes preferenciales…) Concluyendo, la venta a domicilio, es una forma de venta legal, pero la práctica nos lleva a tomar muchas precauciones con ella, tantas que quizás no valga la pena.