•  La consellera de Vivienda María José Salvador visita el edificio cuyas obras fueron paralizadas hace dos legislaturas.

  • Salvador ha anunciado que la previsión es que las obras se reinicien en abril para poder ofrecer a los ciudadanos viviendas en alquiler asequible. 

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha destacado la inversión de cerca de tres millones de euros que el actual Consell va a destinar para terminar un edificio de 42 viviendas en Aspe cuyas obras fueron paralizadas hace dos legislaturas.

Así lo ha trasladado hoy Salvador en la visita que ha realizado a este edificio que quedó a mitad construir “por falta de una planificación del anterior gobierno”. En su visita, la consellera ha estado acompañada por la alcaldesa de Aspe, Maria José Villa, y la directora general de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), Laura Soto.

María José Salvador ha explicado que el reinicio de las obras de este edificio forma parte de un plan de reactivación de edificios propiedad de EVha cuyas obras fueron paralizadas por el anterior gobierno. Este plan supone la reanudación de ocho edificios en varios municipios de la Comunitat, con una inversión de 6,3 millones de euros, para ampliar el parque de vivienda protegida de alquiler asequible en 111 viviendas más.

“Llegamos a la Comunitat con muchos esqueletos de edificios sin acabar y poco a poco estamos revirtiendo esta situación y priorizando los recursos”, ha comentado la consellera. Todo ello con el objetivo de “al acabar la legislatura estén impulsadas todas las actuaciones que fueron paralizadas para que sean una realidad lo antes posible y así poder ofrecer a los ciudadanos viviendas en alquiler asequible”.

“Tenemos la obligación como administración pública de dar respuesta a las necesidades habitacionales de los ciudadanos y no podemos tener edificios a mitad construir por la mala gestión de unos gobernantes”, ha asegurado.

En el caso de Aspe, la Conselleria de Vivienda ya ha licitado, el pasado 20 de diciembre, las obras de terminación de este edificio con un presupuesto de 2.909.964 euros. Además de las viviendas, que se destinarán a alquiler asequible, también se finalizarán los garajes y trasteros previstos en el edificio. En la actualidad el proceso está en fase de informe técnico final, por lo que la consellera ha anunciado que la previsión es que las obras se adjudiquen en marzo y puedan comenzar en abril.

En 2007, el antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), hoy EVha, inició las obras de este edificio. Cuando se había ejecutado el 37% de la obra, la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y en 2009 se paralizaron. Desde entonces, únicamente se han realizado trabajos para garantizar la seguridad e impedir intromisiones en el recinto.

En noviembre de 2017 el actual Consell, a través del Consejo de Dirección de EVha, aprobó la reactivación de esta obra, junto a los otros siete edificios de viviendas protegidas que dispone en la Comunitat e inició los procedimientos para poner en marcha unas obras abandonadas por el anterior gobierno valenciano.

La consellera ha asegurado que poner a la vivienda en la primera línea de actuación ha sido uno de los principales objetivos de este Consell. Un hecho que se demuestra con actos como el de Aspe. “Hoy es uno de esos días que se marcan en mi retina porque este gobierno ha priorizado el desarrollo de políticas públicas de vivienda y garantizado el derecho a esa vivienda”.

Todo ese “cambio obvio” que está viviendo la Comunitat se refleja en Aspe donde “se ha pasado de un gobierno que dejó el esqueleto de un edificio en condiciones de inseguridad, rechazó la posibilidad de crear viviendas para jóvenes y el gobierno del President Puig se ha ocupado de venir aquí con los deberes hechos y las obras licitadas”.

Recordar que, una vez construidas estas 42 viviendas, para su asignación en alquiler asequible, se aplicará la resolución de la Conselleria de Vivienda que establece criterios sociales que priorizan a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda como víctimas de violencia de género, afectados por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria y personas con discapacidad, entre otros casos.