La Concejalía de Consumo celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor con un stand informativo en el Mercado de Abastos en el que las consultas sobre las facturas de la luz y las compras coparon el interés de los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la Concejalía de Consumo, celebró el pasado sábado el Día Mundial de los Derechos del Consumidor con un stand informativo en el Mercado de Abastos en el que todos los vecinos pudieron recoger información y realizar consultas sobre temas relacionados con compras y servicios. Además también se dio a conocer la nueva página web de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que permite acercar la oficina a los ciudadanos a través de Internet y donde se puede realizar cualquier tipo de consulta sin necesidad de desplazarse al Ayuntamiento.

Según explica la concejala de Consumo, Comercio y Mercado, Carmen Soria, “durante toda la mañana muchos vecinos y vecinas aprovecharon para realizar sus consultas. Además, la gente que acudió a realizar sus compras al Mercado también aprovecharon para informarse y consultar. Lo que pretendemos es que los ciudadanos tengan las máximas posibilidades para poder hacer uso de este servicio”.

La edil de Esquerra Unida lamenta que con la nueva Régimen Local los ayuntamientos pueden perder en un futuro cercano las competencias sobre las OMICS y que estas desaparezcan. Por ello, en el stand también había un cartel reivindicativo bajo el lema: “Sin derechos no tenemos futuro, no al cierre de la OMIC”, solicitando que este tipo de oficinas sigan teniendo la competencia de las administraciones locales. 

 NOTA ACLARATORIA

Desde el año 1983, el 15 de Marzo se celebra el día Mundial de los Derechos del Consumidor y cuya celebración conmemora el discurso que el presidente Kennedy pronunció el día 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de su país y en el que, entre otras, hizo las siguientes consideraciones: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas, pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista, a menudo no son escuchados”. Por primera vez, el consumidor fue considerado un elemento fundamental dentro del proceso productivo, se reconoció su relevancia política y se instó a las Instituciones a arbitrar medidas para la protección de sus derechos. Desde entonces se han promulgado muchas leyes relacionadas con el ámbito del consumo. En nuestro país la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 51 que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios. Los artículos 137 y 140 también nos dicen que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas. Todas estas entidades… “ gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” y “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”.

Con el paso de los años, la normativa europea, estatal y autonómica, ha ido garantizando la protección de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. Para dar cumplimiento al mandado constitucional uno de sus artículos determina: “Corresponde a las Corporaciones Locales promover y desarrollar la protección y defensa de los consumidores …”, “En concreto, las Administraciones Locales ejercerán las siguientes competencias: a) La información y educación de los consumidores y usuarios y el establecimiento de oficinas y servicios de información al consumidor”… Con todo esto se pretendía que los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, prestaran los servicios de protección a consumidores y usuarios, exigiendo el cumplimiento de la legislación en defensa de los derechos en el terreno del consumo.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre, ha modificado otra, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que puede tener un fuerte impacto negativo en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios porque ha quitado de las competencias de los ayuntamiento, entre otras, las competencias de consumo. El artículo 25 enumera un listado de materias que definen las competencias que deben ser desarrolladas por los ayuntamientos como propias, diferenciándolas de aquellas competencias estatales y autonómicas. En dicho listado se suprime la referencia expresa a la “defensa de usuarios y consumidores” como competencia propia de los municipios. Esto ha generado enormes dudas e incertidumbres a los ayuntamientos sobre la continuidad o no en el ejercicio de competencias en materia de consumo, con las consecuencias que su supresión tendría para los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias así como de las propias personas trabajadoras en dichos servicios municipales.

Ante estas circunstancias, ahora más que nunca, este 15 de marzo, los ciudadanos tenemos que reivindicar nuestros derechos… a una información clara y veraz en los contratos, derechos sobre los bienes adquiridos, sobre publicidad engañosa, a recibir una compensación adecuada por quejas justas…, pero también el derecho a que los ayuntamientos, con plena autonomía de obrar, presten, como administración más cercana a los ciudadanos, los servicios básicos, y entre ellos la defensa al consumidor.

Por ello, SIN DERECHOS NO TENEMOS FUTURO. NO AL CIERRE DE LA OMIC.