La Concejalía de Servicios Sociales incentivará la iniciativa privada para disponer de viviendas cerradas y bonificará a propietarios e inquilinos que opten por el arrendamiento.
La Concejalía de Servicios Sociales y Fomento de Empleo dirigida por la socialista Marisa Cerdán, ha puesto en marcha la creación de una bolsa de viviendas sociales en régimen de alquiler. La iniciativa, que cuenta con el visto bueno de todos los partidos políticos, pretende que los propietarios de viviendas desocupadas las oferten a través de las garantías que ofrece el ayuntamiento para los propietarios.
Según Cerdán, “ante el panorama que se está dando en la sociedad y en nuestra población, donde muchas familias han perdido sus viviendas bien por ejecuciones hipotecarias o bien por no haber podido hacer frente a alquileres elevados y sabiendo de la necesidad que tienen de viviendas, desde la concejalía se ha creado unas bases que regulan la Bolsa de Viviendas Sociales, que fueron aprobadas el pasado 10 de Junio en la Junta de Gobierno”.
Esta iniciativa consiste en la creación de una Bolsa de Viviendas Sociales para lo que es necesaria la implicación de propietarios con viviendas desocupadas. Para ello, el Ayuntamiento tiene previsto una serie de ayudas tanto para los trámites necesarios para la formalización del contrato de arrendamiento de hasta 150 euros, como ayudas de hasta 200 euros, para la contratación de una póliza multirriesgo hogar, lo que garantiza al propietario cubrir posibles desperfectos que se pudiesen ocasionar.
Además subvencionará al inquilino con el 80% de la fianza, con un máximo de dos meses y hasta 200 euros más para la contratación de un seguro que cubra posibles daños ocasionados en la vivienda, según explicó la concejala.
Los requisitos para acceder a estas ayudas son, la firma de un contrato de arrendamiento de 12 meses, un precio máximo de alquiler de 200 euros mensuales y la vivienda tiene que estar en buenas condiciones de habitabilidad. El inquilino tiene que ser mayor de edad , estar empadronado en Aspe al menos 1 año, carecer de cualquier alojamiento propio o de la posibilidad de acceder a él por sus propios medios y tener unos ingresos mínimos de 372 euros para familias de un solo miembro, cantidad que se incrementará en función de los miembros que compongan la unidad familiar, hasta un tope máximo de 1.065 euros.
La función del ayuntamiento será poner en contacto a los oferentes y demandantes de viviendas de esta naturaleza con el objeto de intermediar en el mercado de alquiler privado y de ese modo facilitar el acceso temporal de los ciudadanos del municipio, que cumplan los requisitos exigidos, además de abonar las ayudas correspondientes. Pero deben ser los propios propietarios e inquilinos los que se regulen mediante el contrato correspondiente a partir de este momento.
Según la edil socialista Marisa Cerdán, esto va a permitir poner en el mercado de alquiler, viviendas que están desocupadas, además de facilitar el acceso a una vivienda a familias en situación de vulnerabilidad a través del alquiler del mercado privado a precios moderados. “Lo que va a mejorar la calidad de vida y les va a dar una segunda oportunidad a familias que ahora no pueden acceder a una vivienda, y esto será posible gracias a la colaboración de la iniciativa privada y la acción pública de nuestro ayuntamiento”, añadió.